La violencia de género ejercida dentro del seno familiar es la semilla de un profundo lastre social.
En los hogares, niñas y niños aprenden —por acción o por omisión— que la violencia puede formar parte de la vida cotidiana. Ahí germina la normalización del pensamiento machista y su reproducción en la vida adulta:
En los niños, mediante la imitación de modelos violentos.
En las niñas, a través de la aceptación cultural de la subordinación y la tolerancia al abuso.
Así, la violencia se convierte en el primer contacto que legitima su uso en la pareja, en la crianza, en la convivencia cotidiana y en la interacción social.
IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
La violencia de género no solo daña a la mujer: destruye entornos completos. Deteriora la personalidad, la autoestima y el sistema de valores de niñas, niños y adolescentes.
Somos, en esencia, lo que aprendemos en nuestros primeros años. Por ello, la violencia vivida o presenciada en la infancia puede transmitirse de una generación a otra, perpetuando una cultura patriarcal que normaliza el daño.
Efectos a corto plazo:
Miedo, ansiedad, tristeza y culpa.
Bajo rendimiento escolar, ausencias e aislamiento.
Conductas agresivas o retraimiento emocional.
Efectos a largo plazo:
Normalización de la violencia como forma legítima de relacionarse.
Repetición del ciclo: niñas que toleran relaciones violentas y niños que reproducen comportamientos machistas o agresivos.
Mayor riesgo de trastornos emocionales, adicciones y relaciones de pareja dañinas.
IMPACTO SOCIAL
Cuando estas afectaciones se multiplican, los riesgos se trasladan a toda la sociedad:
Se normaliza la violencia como método para convivir, imponer voluntades o “resolver” conflictos.
Crece la mentalidad criminal y aumentan los índices delictivos y la impunidad.
Se fractura el tejido social y se debilita la paz.
EL PAPEL DEL SISTEMA DE JUSTICIA FAMILIAR
Ante este panorama, en los juicios familiares es indispensable que las autoridades ponderen el derecho de convivencia de los hijos considerando los riesgos que implica la relación con un padre identificado con conductas machistas o violentas.
Los jueces tienen la obligación constitucional y convencional de actuar con perspectiva de género, para:
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Emitir sentencias que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia.
Proteger a niñas, niños y adolescentes.
Evitar la transmisión intergeneracional de patrones violentos.
Este deber se refuerza en instrumentos internacionales como:
La CEDAW, que obliga al Estado a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer.
La Convención de Belém do Pará, que establece el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos.
Ambos instrumentos imponen una responsabilidad directa a las autoridades —incluido el Poder Judicial— para adoptar medidas efectivas que permitan avanzar hacia una sociedad más equitativa, justa, respetuosa y pacífica.
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